La Administración del Presidente José Antonio Kast inició una revisión del financiamiento de la educación superior que propone limitar la gratuidad universitaria a nuevos beneficiarios mayores de 30 años y reforzar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) a profesionales de altos ingresos.
Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la iniciativa busca evitar que egresados con buenos sueldos eludan sus obligaciones financieras.
La propuesta generó un rechazo inmediato en sectores de la oposición, particularmente en el Partido Comunista y el Partido Socialista, cuyos parlamentarios acusaron una vulneración de derechos adquiridos y una contradicción con promesas de campaña del actual gobierno.
El diputado Luis Cuello (PC) calificó la iniciativa como una "discriminación arbitraria" y advirtió que el sector evaluará acciones legales si la medida prospera.
"No aceptaremos retrocesos, por lo que defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si esto resulta necesario. Este recorte vulnera la igualdad ante la ley y resulta por ello contrario a la Constitución", afirmó Cuello.
En la misma línea, la diputada Daniela Ciccardini (PS) cuestionó el trasfondo de la propuesta y sostuvo que "este es un portonazo a la movilidad social disfrazado de orden fiscal", agregando que la oposición será "implacable" para evitar lo que consideran un retroceso en los avances sociales en materia de acceso a la educación superior.
En tanto, la diputada Éricka Ñanco (FA) enfatizó que "la gratuidad no fue un regalo, fue una respuesta a años de movilización de estudiantes y de familias que exigían terminar con el endeudamiento para poder estudiar. Gracias a esa política, miles de jóvenes al día de hoy han podido acceder a la educación superior sin hipotecar su futuro. Retroceder en un derecho ganado es una mala señal para el país".
La senadora Yasna Provoste (DC) planteó que "esta conversación tiene que ser mirando todas las cartas sobre la mesa, porque por un lado planteado aquí se han planteado ya recortes, como lo planteó el propio ministro, que ha evacuado todos los ministerios con esta exigencia de la reducción del 3 por ciento de su presupuesto y le ha dado cinco días".
"Adicionalmente dice que algunos ministerios, que no están definidos cuáles, les va a pedir un esfuerzo mayor, de mil millones de dólares más, es decir, cuatro mil millones. Entonces, por un lado vemos que todo eso tiene un corelato muy claro en pérdida de derechos, porque son menos programas, menos inversiones", cuestionó.
Republicanos: "Es bastante razonable"
Por otro lado, el senador Arturo Squella (Republicanos) defendió la propuesta y afirmó que "es bastante razonable" fijar un límite, ya que "no se puede estar permanentemente estudiando a costa de la hacienda fiscal", aunque indicó que habría excepciones para quienes postergaron sus estudios por razones laborales.
"Pero como la regla general, creo que es bastante razonable pensar que alguien no puede estar permanentemente yendo a distintas carreras profesionales a costa de la hacienda fiscal", enfatizó.
En la misma línea, la senadora Andrea Balladares, secretaria general de Renovación Nacional (RN), señaló que no "se van a tocar derechos sociales actuales y eso es muy importante, que no se empiecen a hacer eslóganes o a generar incertidumbre en las personas".
"Tenemos una situación fiscal muy, muy compleja, pero obviamente tenemos que trabajar en aquellas personas que más lo necesitan", indicó.
Fuente: Cooperativa
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